Por: Nelson Enrique Moreno – El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de los siete cayos en territorio marítimo colombiano, el Archipiélago de San Andrés y las 200 millas náuticas desde las costas de ambos países, dado a conocer este lunes, ha generado toda una serie de opiniones divididas en todas las naciones alrededor de las partes reclamantes. Aquí les contamos los pormenores de la decisión y las posturas de todos los intervinientes en el conflicto diplomático.
La determinación del Máximo Tribunal Internacional sobre el asunto, expuesto por el Presidente de la CIJ, Peter Tomka, es una decisión agridulce para Colombia, que confirma su soberanía sobre los siete cayos (Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo) y
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cuales suman un área de 44 kilómetros cuadrados; pero además se convierte en la pérdida de gran parte del mar territorial ante Nicaragua y el principal interés que tenían los sanandresanos de seguir explotando recursos pesqueros en esas áreas.
Tratados Internacionales
El Tratado Esguerra–Bárcenas, también conocido como Tratado Bárcenas Meneses– Esguerra es el acto oficial y público bilateral< /span> realizado entre las repúblicas de Colombia y Nicaragua sobre cuestiones territoriales de la soberanía de la Costa de Mosquitos y las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Acuerdo quedaron excluidas los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana por estar en la época en litigio entre Colombia y Estados Unidos.
La firma del Tratado se dio el 24 de marzo
de 1928 en la ciudad de Managua y firmaron como representante de Nicaragua el señor José Barcenas Meneses, subsecretario de relaciones exteriores y como representante de Colombia el señor Manuel Esguerra, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario para el caso. El Tratado, que también es conocido como «Tratado de 1928″, fue ratificado en el «Protocolo de 1930″ en la misma ciudad por ambas repúblicas y en el “Pacto de Bogotá” en el año de 1948.
Reclamaciones de Nicaragua
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró ante el cuerpo diplomático en Managua el 4 de febrero de 1980, que el Tratado era nulo sobre la base que Nicaragua estaba en ese momento ocupada militarmente por los Estados Unidos y por lo tanto reclamó su soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés.
La anulación del Tratado por parte de Nicaragua fue considerado por Colombia como un acto unilateral y por ende violatorio de la Legislación Internacional. En 1998, el Presidente Nicaragüense renunció a un acuerdo bilateral con Colombia y el 6 de diciembre de 2001 el País Centroamericano demandó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Divisiones en la opinión de los congresos de Colombia y Nicaragua
La senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive, quien fuera la primera en llamar la atención del Congreso sobre las intenciones del Gobierno Nicaragüense de abrir una licitación para explorar petróleo en territorio nacional, dijo que “aunque la Corte reconoce que los cayos son colombianos y que este hecho es importante para Colombia, en términos económicos y de facilidad, para los pescadores de la zona al correr el meridiano 82 no significa una verdadera ganancia”.
Piraquive, quien hace parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Presidente de la República de Colombia, alertó a su País meses atrás sobre las intenciones de Nicaragua de movilizar a sus tropas hacia el Atlántico y solicitó al País redoblar la seguridad en esa zona, calificando este hecho como “una agresión”.
Jacinto Suárez, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Nicaragua señaló en su momento que “el Ejército está haciendo lo debido con su presencia en esas aguas, que son nicaragüenses”, a la vez de criticar a la congresista colombiana por sus declaraciones.
Por otra parte, el senador colombiano Manuel Virgüez aseguró en un Comunicado de Prensa que “El fallo demuestra el abandono, desidia y negligencia histórico de nuestro mar y abre el espacio para nuevos litigios”.
Para el Congresista, “Colombia no ha entendido lo que representa la riqueza y la biodiversidad de nuestros mares. Esto se demuestra no sólo con los litigios que han sido mal defendidos y los cuales han traído fallos en contra nuestra, sino en la visión estratégica nula o escasa del territorio marino-costero, que ha acompañado a nuestro País.”
Virgüez señaló que “lo que perdimos hoy representa un territorio similar al haber perdido varios departamentos del país, incluyendo la soberanía sobre el espacio aéreo y la órbita geoestacionaria y el fallo implica consecuencias graves para controlar el narcotráfico y el comercio ilegal de armas, por cuanto la interdicción marítima de naves utilizadas para tal fin se complicará en cuanto a que deberá existir una coordinación mayor con Nicaragua, coordinación que nunca ha existido”.
“Ahora resulta que para entrar a nuestra casa debemos pedir permiso a nuestro vecino, o que nos puedan exigir pasaporte o visa; los pescadores no saben cómo desarrollarán su actividad en territorios que ellos consideran ancestrales. Se perdió una enorme biodiversidad, la posibilidad de explotar hidrocarburos, gas y los naufragios que puedan encontrarse”, concluye Virgüez en su Comunicado.
Por su parte, la congresista nicaragüense Edipcia Dubón, afirmó horas antes a la emisora colombiana Caracol Radio, que la decisión será respetada en derecho, mas advirtió que quieren explicaciones sobre la soberanía de San Andrés.
“Siempre ha habido una expectativa frente a los conflictos limítrofes, porque estas circunstancias nos afectan a todos. El gobierno está muy consiente en que se acatará el fallo”, afirmó Edipcia Dubón, diputada del movimiento renovador Sandinista y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
La legisladora centroamericana indicó que para el gobierno de Daniel Ortega “no está claro que San Andrés es de Colombia”, como lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia en el fallo preliminar de 2007, ya que, “si hubiese estado claro no hubiesen seguido con la demanda”.
Finalmente, el representante a la Cámara del departamento de San Andrés, Colombia, Jack Housni, indicó que “Colombia debe generar un plan de contingencia para garantizar la subsistencia de los pescadores sanandresanos”.
Las opiniones desde la Isla de San Andrés
Del optimismo inicial a un pesimismo desconsolador, pasaron los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que le quitó aproximadamente el 40% de su mar territorial.
La gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Guerrero Bowie, visiblemente incómoda, afirmó que aun era muy pronto para expresar una posición definitiva sobre el fallo, recalcó que “era previsible que los pescadores isleños ahora iban a ver recortadas sus oportunidades”.
Colombia pierde una rica porción en mar territorial
La Corte Internacional de Justicia concedió 531 km para Nicaragua desde su costa y 65 km para Colombia y estableció que ambos países tienen derecho a 12 millas naúticas de territorio. Nicaragua ejercerá ahora soberanía en una amplia y rica zona en recursos pesqueros; según las últimas prospecciones, también podría haber bolsas de gas y petróleo.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dista 190 kilómetros de Nicaragua y 775 kilómetros de la Colombia continental.
Juan Manuel Santos convoca reunión extraordinaria del Consejo de Ministros
Tras conocer el fallo, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para analizar el alcance de la decisión y las acciones que tomará el Gobierno de Colombia frente al fallo en La Haya.
Se prevé que cuatro ministros del Gabinete Presidencial, congresistas integrantes de la Comisión y algunos ex–presidentes se reúnan junto con el presidente Juan Manuel Santos en San Andrés, como un acto de presencia estatal, a pocas horas de que se haya leído el fallo final de la Corte de La Haya.