Muchas veces cuando escuchamos las palabras ‘propiedad horizontal’, lo primero que llega a nuestra mente puede ser un gran edificio de muchos apartamentos y con ellos sólo podemos llegar a imaginar toda la serie de situaciones y relaciones que se desarrollan en un espacio como ese.
Pero la propiedad horizontal es mucho más que un edificio donde cohabitan muchas familias, puede llegar a ser un conjunto cerrado bien sea de casas o apartamentos, un condominio, aparta hoteles, parqueaderos e incluso los centros comerciales, hacen parte de esta particular forma de copropiedad.
Al mirar estas dinámicas podemos expresar que un alto porcentaje de la población nacional vive en estos momentos en alguna de estas formas de propiedad. En los últimos seis (6) años, Bogotá pasó de tener 2´140.409 predios a 2´543.290 en 2016. De estos el 70% (1.464.524 predios) corresponde a propiedad horizontal, fenómeno ha venido en aumento consistentemente en la última década, debido a la falta de suelo urbanizable.
En la dinámica de las poblaciones que conviven en reducidos espacios comunales, es muy común observar problemas de convivencia, de uso de espacio público, de disposición de residuos sólidos y de servicios públicos de zonas comunes. Una de las frecuentes quejas de quienes viven en estas copropiedades se dan respecto a la figura del administrador y las cuotas de administración que se pagan mensualmente y no se ven reflejadas en el bienestar y mantenimiento de la copropiedad. Y es que cuando se presentan abusos por parte de estos administradores, los residentes y propietarios sienten que siempre llevan las de perder y que no hay ningún ente u órgano donde pudieran elevar una queja y que controle el quehacer de las copropiedades.
Es por ello que en nuestra participación el pasado viernes 3 de noviembre en el foro sobre la situación de la propiedad horizontal que realizó el Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, insistimos en la necesidad de crear una superintendencia que vigile la propiedad horizontal, desde sus inicios cuando sale el proyecto a venta, pasando por la entrega a los propietarios y las labores que posteriormente se desempeñan en virtud del desarrollo de la copropiedad.
Adicionalmente, resulta imperioso trabajar en la modificación de la ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal, que permita corregir los vacíos que existen actualmente y que han generado un sinnúmero de inconvenientes para residentes y propietarios. Igualmente establecer una política pública de propiedad horizontal que ayude a resolver las problemáticas sobre servicios públicos domiciliarios, zonas de cesión y comunes, régimen aplicable a los administradores y aspectos regulatorios del sector.