Un derecho de petición, suscrito por el Senador y Presidente del Partido Político MIRA Carlos Alberto Baena, y por la Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, fue enviado al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, mediante el cual se le solicita que le dé instrucciones precisas a la Ministra de Transporte Cecilia Álvarez- Correa Glen, a fin de que se cumplan y acaten los fallos judiciales, que ordenan la sustitución gratuita de las licencias de conducción.
“Son aproximadamente unos doce millones de conductores los que resultan afectados por la decisión injusta y arbitraria que viene asumiendo el Ministerio de Transporte, al no aplicar las decisiones judiciales ya ejecutoriadas, de tres Tribunales Administrativos del país; lo que afecta la economía de los hogares colombianos, y que a la vez resulta contrario a los mandatos que contiene la Carta Política”, manifestó el Candidato a la Cámara por Caldas, Armando Ramírez.
En la misiva dirigida al mandatario, se le pone en conocimiento, que: “Desde mediados de 2013, le hemos insistido a los funcionarios del Ministerio, que se dé inicio a la sustitución gratuita de licencias y no se exija renovar las que utilizan los conductores de servicio particular, quienes no están obligados a incurrir en ese trámite y en las erogaciones impuestas por el Gobierno para obtenerla”.
“Para que se respete el ordenamiento jurídico y las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, llevaremos a cabo en todo el país y la ciudad de Manizales, una jornada de protesta –plantón-, para exigir del Gobierno y sus funcionarios, el acatamiento y cumplimiento de los fallos que profieren los Jueces y Magistrados de la República”, enfatizó Teresa Ortiz, Candidata al Senado por el MIRA en Caldas.
Puntualizó el Abogado y Candidato a la Cámara por el MIRA, Armando Ramírez, que “se espera que desde la presidencia de la República, se le dé vía libre a la aplicación de la sustitución gratuita de las licencias de conducción, pues podrían incurrir los Servidores Públicos del Alto Gobierno, en el delito de fraude a resolución judicial; además de que es un acto de justicia con los conductores del país”.