Esta ley endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido. De ahora en adelante, una persona que agreda a sus víctimas con estas sustancias, deberá pagar una condena entre 6 y 10 años. Si el ataque con ácido es contra el rostro y cuello, la pena mínima quedará de 8 años y la máxima de 15.
También contempla que los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, serán completamente gratuitos y a cargo del Estado.
Los prestadores de los servicios médicos quedarán obligados a llevar un registro y a reportar a las autoridades competentes sobre las personas atendidas en estos casos; y en cualquier momento la policía o las autoridades podrán solicitar tal registro.
Se crea además el registro único para controlar la venta al menudeo de estas sustancias.