La presente ley fortalece el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal.
Además, establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia; los principios que las rigen; los mecanismos de control y supervisión; la regulación de las bases de datos; la protección de los agentes; la coordinación y cooperación entre los organismos; y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas, entre otras disposiciones.