A través de esta ley, el Estado deberá fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial; además, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica; y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas, hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica, cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.