Mediante esta ley se protegen, promueven, restablecen y defienden los derechos de los adultos mayores, que deben respetar y cumplir el Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación. Se orientan políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia; y se regula el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez.
