A pesar de que Colombia ratificó la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial del año 1965 y que la Corte Constitucional exhortó en el año 2005 al Congreso de la República a legislar para sancionar las prácticas o conductas de segregación racial, en el País se sigue dando el racismo y la discriminación racial. Incluso esa es una causa directamente relacionada con la pobreza de la población afrodescendiente, palenquera y raizal. 
En necesidades básicas insatisfechas (NBI) contrasta un 22,7 para los mestizos frente al 34.5 de la población afrodescendiente, al igual que en línea de pobreza el 54,1 de los primeros en relación con el 61,0 de los segundos.
Asímismo, los datos del censo del 2005 mostraban que el porcentaje de personas con días de ayuno por falta de dinero, en Departamentos como el Valle era de 4 por ciento para los mestizos y de 11 por ciento para los afrodescendientes. En Nariño la cifra de los primeros era de 6 por ciento y de los segundos era de 35 por ciento.
Cuando uno se pregunta por las causas de esa brecha de pobreza entre los mestizos y la población afrodescendiente encuentra que hay una correlación con el racismo y la discriminación racial. El racismo entendido como una forma de violencia física o emocional y la discriminación racial como las acciones tendientes a restringir el acceso a oportunidades por parte de esta población.
Son muchos los casos de afrocolombianos que no pueden acceder a una mejor remuneración por su condición racial. Conocí el caso de uno de ellos que había sido aceptado por una bolsa de empleo para un cargo de importancia jerárquica en una compañía, pero al ser entrevistado personalmente fue promovido a otra posición laboral en condiciones desventajosas. Hay barrios en algunas ciudades de Colombia donde se colocan avisos que dicen: «no se alquila a los negros».
Por eso están afectados por la pobreza, porque se les discrimina, porque no se les trata con dignidad ni con equidad. Además, porque en Colombia no se ha dado el cambio cultural que se requiere desde los mismos colegios, salvo algunas excepciones, donde ha faltado la voluntad para incorporar a los planes educativos institucionales la cátedra de estudios afrocolombianos creada en 1998 por el Decreto 1122, y por supuesto, no se ha visto el empeño desde el Gobierno para exigir el cumplimiento de la norma.
Todo lo expuesto llevó al Partido Político MIRA a radicar un proyecto de ley que acaba de ser aprobado en la comisión primera del Senado y que penaliza el racismo y la discriminación racial con penas de uno a tres años de prisión y con sanciones económicas de hasta quince salarios mínimos mensuales. La ponencia del senador Hemel Hurtado extiende el proyecto a todas las etnias, de modo que la población indígena queda cobijada por la norma, lo cual celebramos.