Un proyecto de ley busca que los dueños de vehículos que no cometan infracciones de tránsito tengan un descuento en el impuesto.
Una reducción del 10 por ciento del valor del impuesto, es el beneficio que tendrían los propietarios de vehículos que no hayan cometido ninguna infracción a las normas de tránsito, a partir del próximo año.
Ese es el objetivo del proyecto de ley 228 de 2016 de la representante a la Cámara del departamento del Valle del Cauca del movimiento Mira, Guillermina Bravo, que comenzó su trámite en el Congreso de la República.
Son pocas las veces que desde el Legislativo se promueven este tipo de iniciativas que benefician a los dueños de automóviles, y más escasas aun las posibilidades de que prosperen pues se trata ni más ni menos de la reducción de un gravamen, en este caso el impuesto de vehículos.
Más si se tiene en cuenta que este tributo es de los más importantes para las finanzas de las alcaldías y además, que todo proyecto de ley que implique crear o modificar impuestos debe tener la ‘bendición’ del Ministerio de Hacienda.
Pero la representante Bravo tiene sus argumentos para insistir en este incentivo por el buen comportamiento en las calles y el respeto a las normas de tránsito. “De lo que se trata es estimular el buen comportamiento vial e incentivar la observancia de las normas de tránsito”, dice.
Costo de las principales multas de transito
Según la congresista, el proyecto tendría incidencia en la reducción de la accidentalidad vial que cada día deja más personas muertas o con graves lesiones. En los últimos cinco años el promedio anual de víctimas fatales en accidentes de tránsito ronda las 5.700, lo que es ya un grave problema de salud pública como lo advierte la Organización Mundial de la Salud.
“Para mejorar las cifras de accidentalidad asociada a trasgresiones de las normas de tránsito, hay que hacer uso de todas las herramientas posibles para que los conductores actúen responsablemente y no solo por el temor a las sanciones”, dice el proyecto de ley.
No hay impacto fiscal
La representante Bravo sostiene que esta medida no tiene impacto fiscal para los municipios, distritos y departamentos, pues algunos entes territoriales ya tienen descuentos del 10 y 15 por ciento por pronto pago. Y agrega que estos tendrían que hacer menos esfuerzos de control de tránsito al incrementarse la responsabilidad vial; y por la menor utilización de recursos en el aparato de salud pública y privada al disminuir la accidentalidad.
Así mismo, la congresista considera que se mejoraría la convivencia ciudadana, asociada a la disminución de la violencia derivada de conflictos por accidentes o por infracción a las normas de tránsito.