Prepara en secreto el gobierno Fondo de ‘salvamento’ para las EPS
La representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del movimiento MIRA, alertó sobre la creación de un “fondo de salvamento” para el sector salud, que pagaría las deudas de las EPS con los hospitales y las clínicas.
“es injusto, que les vayan a premiar la ineficiencia, la corrupción y la desviación de los recursos, y con esta reforma a la salud se pretenda hacer un borrón y cuenta nueva, permitiendo que sigan funcionando con otra máscara dentro del sistema”, señaló la representante.
“No es posible que papá gobierno busque los recursos para pagar las deudas que las EPS recibieron y no pagaron”, puntualizó Gloria Stella Díaz, al tiempo que reclamó de la Contraloría y de la Fiscalía, le expliquen a los colombianos en qué andan todos esos procesos fiscales, disciplinarios y de responsabilidad penal, impuestos por la malversación de los recursos de la salud, y quién va a responder por lo que se ha perdido. A través, de un comunicado, la representante del MIRA dice que “según la misma Contraloría General de la Nación, un total de 1.7 billones fueron desviados por SaludCoop y cursa una investigación contra Caprecom, por utilizar indebidamente cerca de 1.1 billones de pesos. Hay también procesos abiertos de responsabilidad fiscal por 386 mil millones de pesos” dijo Díaz.
EL PROYECTO DE REFORMA
Nueve capítulos y 68 artículos contiene el proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia, que fue presentado este martes por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, al Congreso de la República. La iniciativa tendrá mensaje de urgencia, aunque este será concertado con el cuerpo legislativo.
Entre otros puntos, la reforma plantea una administración única de los recursos destinados al sistema, crea Mi Plan para en lugar del POS para administrar los servicios que tendrán los usuarios, da paso a los llamados “gestores de servicios de salud” para que presten los servicios contemplados en mi plan, deja en las empresas de medicina prepagada la prestación de los servicios complementarios y le da a los entes territoriales facultades para ejercer vigilancia sobre el servicio.
La nueva ley tendrá dos años para su implementación, a partir del momento en que eventualmente sea aprobada e impide un tránsito masivo de afiliados en ese lapso.
También contempla la creación de un fondo de garantías, que busca asegurar la liquidez del sector y entrega facultades especiales al Presidente de la República para que modifique las llamadas ESE, Empresas Sociales del Estado.