“En la obra de construcción del gasoducto que inició la empresa PROGASUR en el sector urbano de Santander de Quilichao, no se contó con la participación de la comunidad en el proceso de concertación sobre este proyecto” esta fue la afirmación a este medio de la Concejal de MIRA Marcelly Casso
Ante esta preocupación desde el año anterior (2010) la comunidad afectada con el apoyo de la Concejal MIRA Marcelly Casso, expusieron su inquietud mediante un documento dirigido a entidades públicas y de control como la Administración Municipal, CRC Zona Norte, SSPD, Ministerio del Medio Ambiente, Concejo Municipal, Procuraduría y Personería, debido a que este gasoducto no fue concertado con la comunidad y cuyo diseño pasa por la zona urbana del municipio norte caucano, afectando a los habitantes de 12 barrios de esta municipalidad que temen por la seguridad ante la posibilidad de que se registre una tragedia como la ocurrida en San Martin Texmelucan de México.
“Estas sugerencias e inquietudes no fueron tenidas en cuenta, debido a ello, la comunidad procedió a solicitar una Audiencia Pública, donde tampoco se logró atender a los requerimientos de los habitantes, quien no se han opuesto a la realización del proyecto, sino al trazado por la zona urbana, sabiendo que este municipio caucano goza de zonas abiertas, y que el trazado estaba inicialmente concebido para ser construido por la Vía Panamericana hacia Popayán,” puntualizó la Concejal Marcelly .
Asimismo la Edil señaló “Es por ello que se instauró una Acción Popular donde el Tribunal Contencioso Administrativo de Popayán, concedió las medidas cautelares a favor de la comunidad, consistentes en la suspensión de estas obras, frente a los derechos colectivos de los habitantes. La empresa PROGASUR apeló éstas medidas ante el Consejo de Estado, quien el 31 de marzo de 2011 le dio vía libre a la empresa para continuar con tales obras. Ésta es una decisión mas no es el fallo de la Acción Popular”.
“Por lo anterior, el mecanismo impuesto continúa su trámite, en tanto se espera el fallo por parte del juez correspondiente, todo en defensa de los intereses colectivos de los habitantes que directamente están implicados en la decisión. El proceso jurídico continúa, ” especificó finalmente la Cabildante