En la primera semana de 2011, el Gobierno Nacional emitió varios decretos destinados a superar la emergencia económica, social y ecológica que se extenderá hasta el 28 de enero. La creación del «empleo de emergencia», la fijación de límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial y la adopción de medidas en materia de salud, son las determinaciones más destacadas. 
Cuando se trata de desastres naturales, las normas de emergencia surgen como reacción, pero igualmente son necesarias las medidas de permanencia que deberían existir desde antes, como previsión y prevención. Si se cuenta con reglas, organizaciones y recursos de los dos tipos, el Estado y la sociedad tendrán mayor capacidad para atenuar los efectos.
Un ejemplo de previsión y reacción lo provee el Japón. Este País ha construido por más de un siglo, un marco de normas para preparar las instituciones, los recursos y las acciones en situaciones de calamidad. En esa nación asiática surgieron, entre otras, las Leyes de Ahorro para Desastres Naturales, emitida en 1880, de Control de Inundaciones, adoptada en 1949, de Medidas para Subsidiar la Recuperación de la Agricultura, la Industria Maderera y la Pesca, acogida en 1950, y la de aportes para la recuperación de las Infraestructuras Públicas afectadas por calamidades, de 1951. En la segunda mitad del siglo pasado, la previsión continuó cultivándose con leyes sobre Seguros contra Terremotos (1966), Prevención de Derrumbes (1969), Envío de Equipos de Ayuda (1987), y Derechos de las Víctimas (1996 y 1998), entre otras.
La acción de emergencia y las medidas de Recuperación y Reconstrucción en Japón, se encuentran consideradas y cuentan con soporte de transporte, comunicaciones y un sistema integral de administración de catástrofes, al que se vinculan organizaciones ciudadanas que identifican y actúan frente a amenazas locales.
Si Colombia construye no sólo en la emergencia, sino también con ojos de permanencia, es decir, de previsión y prevención, no volverá a pasar por muchas de las vicisitudes que a 31 de diciembre de 2010, afectaron a más de 2’220.482 personas, destruyeron 5.157 viviendas, averiaron 737 vías y, en general, alteraron 711 municipios.
El liderazgo de las instituciones públicas será determinante para construir una visión de permanencia y emergencia frente a los desastres naturales, pero a él será indispensable que se sumen la conciencia y la acción ciudadana para la gestión de los riesgos.