La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, dentro del Foro realizado por el Movimiento MIRA, aseguró que el Ministerio de Transporte pretende ahorrarse aproximadamente 300 mil millones de pesos al cobrar por la sustitución de las licencias injustamente; al mismo tiempo explicó el proyecto que recientemente fue radicado, en el que los borrachos podrían perder su vehículo, pagar hasta 4 años de cárcel, y a la vez ser suspendida su licencia de conducción hasta por 30 años, de ser reincidentes.
Frente al tema de las licencias aclaró que elevó petición al Ministerio de Transporte, a fin de que se extienda por varios meses la fecha del 15 de octubre de 2013, para obtener las licencias nuevas, ya que el sistema RUNT sigue colapsado; lo anterior en razón de que hay muchos conductores públicos, que necesariamente deben renovar su licencia y podrían perjudicarse para trabajar.
“Si un conductor es sorprendido por primera vez en estado de alicoramiento, debe pagar 24 horas de arresto y multa del 25% del avalúo comercial del vehículo, sumado a las otras sanciones de ley, por segunda vez arresto, multa 50 % y debe suscribir un acta de compromiso en la que se compromete a no volver a incurrir en lo mismo; si es por tercera vez incurre en fraude a la resolución que da cárcel de 1 a 4 años, decomiso definitivo del vehículo y 30 años de suspensión de la licencia de conducción”.Aseguró la congresista Miraista.
Por su parte elsubdirector del Instituto de Tránsito de Pereira, Luis Fernando González, reiteró en el Foro, que para el 15 de octubre no alcanzarán a cubrir las necesidades de todos los conductores, y que a la fecha no hay un plan de contingencia concertado con el Ministerio; también apuntó que con el pago del 60% de una infracción y la suscripción de un acuerdo de pago en cuatro cuotas mensuales, sí se le permite renovar la licencia.
Sobre los conductores de carros particulares que tienen licencias antiguas 4, 5 y 6 o las actuales C1, C2 o C3, que son para servicio público, se está a la espera de que el Ministerio de la instrucción de no obligar a su renovación y tomen vigencia por 10 años, tal como se solicitó dentro de las Acciones de Cumplimiento que se presentaron recientemente en todo Colombia.
De otro lado la exdiputada Martha Cecilia Alzate, dentro de su intervención, presentó una atractiva propuesta, de habilitar las denominadas casa-cárceles viales, que debe tener cada Centro Integral de Atención para Conductores que hay en el país, a fin de ser utilizadas para recluir los conductores condenados por homicidio culposos; así como también para arrestar por 24 horas a los que sean sorprendidos en un vehículo borrachos o drogados.
Finalmente se escucharon varias quejas planteadas por la comunidad, como el cobro sin control para expedir las licencias de conducción y muchas veces sin hacer el curso, la obligatoriedad de pagar la infracción como requisito para sacar el vehículo retenido de los patios, entre otras.