Hemos planteado que en el Plan Nacional de Desarrollo no sólo deberían asumirse los temas del empleo, la pobreza y la inseguridad sino adicionalmente el de la corrupción. Colombia según las investigaciones del programa anticorrupción, perdió cuatro billones de pesos en el 2009, cifra que podría destinarse a atender los damnificados del invierno y en general a superar la pobreza. 
El proyecto de estatuto anticorrupción es un avance, pero es necesario seguirlo fortaleciendo para cubrir los poros de la corrupción. Ante todo el país debe enfocarse en visibilidad y en la posibilidad de detectar el acto corrupto con anticipación.
Al promover la visibilidad, es decir, al crear mecanismos que permitan que muchas personas estén enteradas por ejemplo de los procesos de Contratación del Estado, desde la primera fase de planeación de los contratos, pasando por la presupuestación, hasta llegar a la suscripción del
contrato, se vuelve costosa la corrupción y en consecuencia se desestimula, por que quien vaya a cometer el ilícito tendría que sobornar a todos los enterados del proceso y eso no sería rentable o estaría expuesto a que lo denuncien, particularmente la veedurías ciudadanas. Es decir, se
aumentan los costos de transacción de la corrupción.
La manera de ganar en visibilidad para enfrentar los actos de corrupción, sería teniendo un mapa de riesgos y un observatorio Nacional contra la corrupción, que no existen en Colombia, labor que podría adelantar la Comisión Nacional de Moralización. Adicionalmente que en las páginas web de las Entidades Públicas no solo se exija que la información esté al día, sino que se publiquen como hemos dicho, la planeación de los contratos, la presupuestación y la contratación. Y que se cree un fondo para la lucha contra la corrupción, porque sino hay dinero para apoyar el control social poco se va avanzar.
En el tema preventivo, de detección del acto corrupto a tiempo, más que de aumentar las sanciones a los corruptos, lo importante es crear estándares unificados para cada tipo de contrato, en la evaluación económica y financiera, para que cada Entidad no los determine a su propio
arbitrio o interés y exigir que para el otorgamiento de anticipos se requieran estudios técnicos que justifiquen la entrega de los mismos. Sabemos que por ejemplo en Bogotá esta fue una de las grandes porosidades de la corrupción, en la fase tres de transmilenio.