En la búsqueda de esa respuesta, el Miraísmo privilegia la efectividad, entendida como la capacidad de resolver las necesidades sociales, con gobernabilidad y resultados equitativos, sostenibles, sustentables y competitivos.
Esta definición plantea seis elementos concretos que se explican brevemente a continuación:
1. Capacidad de satisfacer necesidades sociales: Es el poder de identificar, entender y analizar las necesidades y los conflictos de las poblaciones, así como de generar condiciones que permitan superarlos.
2. Gobernabilidad: Según la Organización de Estados Americanos, gobernabilidad significa «estabilidad institucional y política, y efectividad en la toma de decisiones y la administración» .
Adicionalmente, el Banco Mundial señala la gobernabilidad, como el «ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común», por lo cual, según la misma institución, abarca:
(1) «El proceso de seleccionar, monitorear, y reemplazar gobiernos;
(2) La capacidad de formular e implementar políticas responsables y prestar servicios públicos;
(3) El respeto de los ciudadanos y el estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.»
c. Equidad: Indica Karen Mokate que: «el concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, cumplimiento de derechos y justicia.» A ello agrega que «Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se debe asignar a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas» .
d. Sostenibilidad: Se refiere a las condiciones y características que hacen que los sistemas, políticas, programas, proyectos o, en general, las decisiones públicas, permanezcan firmemente «establecidos». Según Arrigo Coen Anitúa, la sostenibilidad incorpora la generación de riqueza y la generación de capacidades.
Desde este enfoque, puede entenderse que la sostenibilidad tiene diferentes dimensiones, entre las cuales se destacan las siguientes: económica, externa, financiera, tecnológica, social, ambiental, institucional y política.
e. Sustentabilidad: El mismo autor, Arrigo Coen Anitúa, considera la sustentabilidad como la característica de un sistema (política, programa, proyecto, decisión pública) que le permite estar alimentado, asegurar los medios de sobrevivencia y de persistencia, y extender su acción en el espacio y en el tiempo.
f. Competitividad: Sobre la competitividad se destacan dos connotaciones. La primera, con sentido productivo, y la segunda, con un enfoque más general de generación de bienestar.
Desde el primer punto de vista, se entiende como:
La dotación, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar innovaciones.
La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo nacional.
La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos tamaños, pero eficientes a escala internacional.
Las regulaciones y actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo.
Desde la segunda perspectiva, se entiende la competitividad como la generación de bienestar, que hace las sociedades más apropiadas para generar bienes, servicios y utilidad social.
Los seis elementos se conjugan, y su armonización da como resultado la efectividad, que ha de hacer frente al conflicto como escala de medición.
Efectividad y conflicto.
El conflicto es concebido desde distintos enfoques: Algunos, lo consideran esencialmente destructivo, mientras otros lo califican como inevitable y potenciador de transformaciones que generan desarrollo de la realidad.
En lo que sí coinciden la mayor parte de los teóricos del conflicto, es en destacar que su composición contempla un problema u objeto, partes con posiciones e intereses diferentes y la aplicación de un procedimiento.
Esta definición nos lleva a concluir que positivo o no, el conflicto es una realidad permanente, frente a la cual es determinante la intervención de la Política y, con frecuencia, del Estado, como sujeto rector de las actuaciones públicas.
De allí que la efectividad cuente con el conflicto como un punto de partida y de medición de su realización.
Asimismo, la gobernabilidad como componente de la efectividad, se refleja en la capacidad de las instituciones políticas para resolver la interacción de los actores en conflicto, vía procedimientos democráticos.
Estas premisas permiten avanzar hacia el esbozo de la relación entre gobernabilidad y efectividad y entre ésta y el conflicto.
Sobre el primer vínculo, es de afirmar que la gobernabilidad dota de efectividad y la efectividad de gobernabilidad, cuando:
– Existe capacidad en las instituciones, para comprender y tramitar adecuadamente los conflictos.
– La acción política reduce la cantidad e intensidad de los conflictos.
– La acción política aprovecha el conflicto para darle un carácter transformador y de mejoramiento de los servicios, programas y proyectos para la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Finalmente, la presencia y desarrollo de los conflictos es un indicador de la efectividad o no de la acción política:
– Entre menor sea el número de conflictos que se genere en virtud de la acción o la omisión política, habrá mayor efectividad.
– Cuanto menos escalen los conflictos (evitando por ejemplo que tenga lugar la violencia), en virtud del procedimiento seguido en su trámite, la acción política tendrá más efectividad.
– Cuanto menos actores se involucren en el conflicto, habrá mayores evidencias de efectividad.
– Cuanto más numerosas y disímiles sean las causas que generan conflicto, habrá mayor inefectividad.
Estas relaciones entre efectividad y conflicto, se convierten en un sustento y un medio de la práctica política, que demanda contar con mapas que permitan, a la vez, conocimiento panorámico y detallado de la realidad social.