El Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, citante del debate, indicó que conforme a lo ordena una Sentencia de la Corte Constitucional, lo primero que debió darse fue la construcción de un censo oficial, para luego proceder a los planes de reubicación con varios condicionantes, “pero esa Sentencia no se cumplió, y con base en un fallo de un Juzgado local, se procedió al despojo y desalojo, incluso violando los derechos fundamentales de niños y mujeres”.
Olaya Ciro, también recordó que la Personería en el año 2015 solicitó el censo oficial del Plan Jarillon Río Cauca, pero la Secretaría de Vivienda no respondió, y todo se convirtió en un peloteo, entre la dependencia antes mencionada, la Secretaría del Riesgo y la Defensa Civil. “Pero eso sucede porque no hay censo, lo que se tiene es una base de datos, que no es verificable”, enfatizó Olaya Ciro.
El Concejal citante Olaya Ciro, también indicó que los desalojos no garantizan los derechos de los moradores del Jarillon, razones suficientes para detener el proceso, porque todo se ha hecho de forma indebida, de conformidad al Decreto 480 de agosto de 2016, emitido por la Alcaldía de Cali, donde se habla de brindar algunas condiciones que no se cumplen.
Otro tema por resolver desde lo legal, dice Olaya Ciro, es si los predios del Jarillon en proceso de desalojo, son rurales o urbanos, porque ello conllevaría a que habría que adoptar otras medidas.
Santiago de Cali, octubre 26 de 2016.- Concejales de Cali cuestionaron la forma como se ha ordenado operativamente y contractualmente la recuperación del Jarillon Río Cauca, obra en la que se invierten más de 803 mil millones de pesos, con aportes del Fondo Nacional de Adaptación, la Cvc, Emcali y el Municipio que aporta más de $127 mil millones , de los cuales 2.700 millones de pesos habrían sido destinados solo a la contratación de 128 personas por prestación de servicios, pero sin impacto real sobre la población afectada, que tiene prioridad nacional en la prevención de una catástrofe por inundación.
Los Concejales también cuestionaron, el hecho de que el proyecto Plan Jarillon Río Cauca, en el año 2015 estuvo bajo la tutela de la Secretaría de Vivienda Social, y para el presente año 2016, está a cargo de la Secretaría del Riesgo, que orienta Rodrigo Zamorano Sanclemente, dependencia que administra los recursos aportados por el Municipio por valor de $127 mil millones, bajo la figura de vigencias futuras, pero cuya ejecución es mínima y solo alcanza un 16%. Asimismo, los Concejales consideran que la figura de un asesor como gerente del proyecto estaría generando interfería con la misión de la Secretaría de Gestión del Riesgo.
La recuperación del Jarillon Río Cauca, tiene como medida preventiva evitar una catástrofe en el casco urbano de la capital del Valle por inundación, dada la cantidad de asentamientos subnormales que se dispusieron sobre el cordón de protección, en su mayoría ilegalmente, requiere reubicar a más de 8.777 familias. Sin embargo, los recursos aportados, no estarían cumpliendo su objeto principal, porque desde el año 2015 a la fecha, solo hay es contratos de personal, pero no hay acciones concretas hacia las familias afectadas.
Por cada familia reubicada o en plan de reubicación, el proceso de atención toma entre 15 y 18 meses de trabajo social, se informó desde la gerencia Plan Jarillon Río Cauca.
Según los aportes la Cvc aporta $69.650 millones; el Municipio aporta $127.431 millones, de los cuales 96 mil millones se aportan por la figura de vigencias futuras aprobadas por el Concejo en el año 2015, y los restantes $34 mil millones, son recursos propios de la ciudad, mientras que Emcali Eice aporta $82.000 millones y el Fondo Nacional de Adaptación $524.206 millones, para un total de $803 millones.