JUAN CAMILO GÓMEZ
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Un proyecto en trámite en el congreso colombiano busca modificar algunos organismos de poder para ajustar sus cargas institucionales. Se conoce como Reforma de Equilibrio de Poderes, y una de sus medidas afecta especialmente a los colombianos en el exterior.
De aprobarse el proyecto (ahora esté pendiente su conciliación de Cámara y Senado y posterior revisión en la Corte Constitucional) los colombianos que residen fuera del territorio nacional no tendrán dos representantes en su Cámara Baja, sino uno.
“Los colombianos en el exterior son una fuente vital de ingresos para el país. En 2014 aportaron 4,000 millones de dólares a la economía nacional por medio de remesas. Un representante para cinco millones de personas no es suficiente. La diáspora colombiana está regada por todo el mundo. A uno solo se le hace casi imposible responder a sus necesidades”, dijo la representante Ana Paola Agudelo, en entrevista con el Nuevo Herald.
Agudelo ocupa uno de los curules, por el partido MIRA. Desde 2005, los colombianos tuvieron un puesto en la Cámara, pero en las pasadas elecciones parlamentarias se les otorgaron dos, gracias a una reforma de ley que en 2013 amplió su representación. De aprobarse y entrar en vigor esta medida de la Reforma de Equilibrio de Poderes, en las próximas elecciones los colombianos volverán a elegir un solo representante para cinco millones de conciudadanos en todo el mundo.
QUITAR PARA DAR
El artículo 8 de la Reforma de Equilibrio de Poderes, impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos, dice que “el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegirá a un representante por la comunidad raizal”, que antes no tenía.
Agrega que “las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro representantes, distribuidos así: dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno por la circunscripción internacional”, que antes tenía dos.
Esencialmente, la representación que el gobierno le piensa dar a la llamada comunidad raizal en las islas se la quitará a los colombianos en el exterior.
“Quitar esa curul es una decisión equivocada. Estamos hablando de una comunidad que no se fue por su propia voluntad. Muchos salieron del país producto de la violencia y han construido un proyecto de vida en el exterior. Es inconcebible que más de cinco millones pierdan representación y que una isla como San Andrés tenga una curul más. En San Andrés viven 70,000 colombianos, y no estamos en contra de que tengan representación, pero ni siquiera se les consultó y no son la única comunidad del país con raizales”, dijo Carlos Eduardo Guevara, representante a la cámara por Bogotá y vocero del movimiento MIRA, en el debate de la Cámara en pleno, el pasado 3 de junio.
CUESTIÓN DE SOBERANÍA
En 2012, la Corte Internacional de La Haya se pronunció sobre una larga disputa entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de varias islas en el Caribe. Los centroamericanos alegaban desde hacía varios años tener un área marítima de 50,000 millas náuticas, que abordaban territorios colombianos. En 2007 se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero el último fallo les dio a los nicaragüenses potestad sobre varias millas náuticas que antes no tenían. En conclusión, cayos colombianos como Quitasueño y Serrana están rodeados (a 12 millas náuticas) de aguas de Nicaragua.
“La discusión (de la Reforma de Equilibrio de Poderes) se dio dentro de una disyuntiva de mantener la segunda curul, a la vez que se debatía un tema muy complejo como es la soberanía nacional, por la demanda que perdió Colombia en la Corte Internacional de La Haya. Dentro del ambiente parlamentario prevalecía el concepto de soberanía nacional, y por eso ganó la batalla la representación a favor de los raizales de San Andrés”, explicó Jaime Buenahora, representante de los colombianos en el exterior, por el Partido de la U.
A la importancia del debate de la soberanía se le sumó la bajísima participación de la diáspora colombiana en las pasadas elecciones parlamentarias.
Buenahora fue el impulsor de la ley 1475 de 2011, que les permitió a sus connacionales alargar el periodo de votación de uno a siete días, en esos comicios. Por primera vez, los colombianos tuvieron “votación anticipada”.
“La iniciativa sirvió muy poco, cuando uno compara la votación con las registradas en 2002 o 2006. A pesar de la extensión de seis días la abstención siguió subiendo. Apenas 8.43% colombianos en el exterior votaron en las elecciones del Congreso”, agregó Buenahora.
Con los ánimos de los congresistas puestos en la protección de la soberanía y una participación ciudadana mínima, las cartas jugaron en contra de la diáspora.
“Ese (la abstención) es un argumento que pesa mucho, y sobre todo si uno lo enfrenta con un tema vital para el país como la soberanía nacional. Era una batalla muy difícil”, agregó Buenahora.
La derrota les significa a los colombianos en el exterior el 50% de su representación política en la Cámara de Representantes, bajo el amparo de una Reforma de Equilibrio de Poderes que dejó en un lado de la balanza a 70,000 colombianos, y en el otro, a cinco millones.
“Da tristeza. No hubo sensibilización ni sensatez por parte del Congreso a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía. Muchos colombianos me han dicho que sienten una vez más que solo valen en la parte económica para el país. Y para nada más”, concluyó Agudelo.
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