Por: Oscar Manuel Castrillón Cobo
En el 2010 la Asamblea general de las Naciones Unidas declara el agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano esencial. Sin embargo, la Fundación AVINA registra que en América Latina 50 millones de personas no cuentan con agua potable y son generalmente caracterizadas por vivir en comunidades de escasos recursos. En nuestro país las zonas rurales sufren un marcado desabastecimiento del líquido: 3 millones de colombianos equivalentes al 28 % de la población rural, según cifras presentadas por el diario El Tiempo, no cuentan con agua potable y las regiones de mayor afectación son el Atlántico y el Pacífico.
Esta es una realidad alarmante considerando que el país hace parte de una zona de basta riqueza hídrica y que en el departamento del Cauca tenemos una de las mayores reservas hídricas del planeta en el macizo colombiano; pero es una realidad de la que no estamos exentos y la hemos asumido mucho tiempo; ya que incluso en nuestro departamento para el año 2012, de acuerdo al informe presentado por el Subsistema de Información para la Vigilancia del Agua para Consumo Humano SIVICAP, solo el 54.9 % de caucanos consumieron agua potable en las zonas urbanas, dejando un índice de precariedad alto en las zonas rurales, que son mayoritariamente afectadas por este flagelo tanto por la ineficaz, y muchas veces inexistente, cobertura del servicio como por la inviable calidad del agua.
Diariamente para satisfacer las necesidades básicas se necesitan de 20 a 50 litros de agua potable; un mínimo vital, que no está al alcance de las comunidades rurales del departamento; se vulnera un derecho esencial que evidencia las brechas y desigualdades sociales existentes, pues son los sectores segregados socioeconómicamente quienes han vivido las falencias de cobertura y calidad y las consecuencias en la salud pública por muchos años con la continuidad actual.
Pese a que en los Objetivos del Mileno para 2015 se debería haber garantizado el acceso al agua potable a más del 70 % de los colombianos; a pocos días de terminado este año, asumir el acceso al agua potable como un derecho humano inviolable del que se desencadenan y dependen el pleno disfrute de la vida y de los demás derechos, implica la reflexión social respecto a su buen uso en la cotidianidad y el efusivo llamado a que en la celebración de los carnavales de blancos y negros no se desperdicie agua y se opten por alternativas más amigables con el medio ambiente.
Finalmente invito para para que se generen y efectúen acciones de obligada responsabilidad estatal, de los gobiernos nacional, regional y local y además insto al compromiso de las empresas prestadoras del servicio de acueducto para que mancomunadamente se construyan soluciones eficientes y medibles en indicadores y proyectos hacia todos los niveles, como también en el desarrollo de la política pública para el sector rural en este tema y la promoción en los planes de desarrollo del seguimiento y control de la calidad del agua, como también el acceso al mínimo vital y su adecuada distribución, temas que deberán ser parte fundamental del trabajo político de los nuevos dignatarios regionales en el país y en nuestro departamento.