En una apretada votación, la plenaria del Concejo de Bogota aprobó un proyecto que busca reducir los costos en las obras públicas con una planificación.
En efecto, la iniciativa que pasa a sanción del alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, obliga a la administración de turno a contar primero con los estudios técnicos, jurídicos, económicos y sociales de una obra antes de llevar a cabo un proceso de expropiación por vía administrativa de un inmueble. El proyecto de los concejales de Bogotá Humberto Quijano y Carlos Eduardo Guevara, del Mira, registró ayer un fuerte debate debido a la legalidad o no de la iniciativa.
Resulta que la Ley 388 de 1997 estableció las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa en el país, dándole la competencia a los concejos municipales y distritales para que determinen quién es la instancia o entidad competente para hacer la declaratoria. Dos años después, el Concejo asignó al Alcalde Mayor la competencia.
En este sentido, durante los últimos cuatro años, la Administración Distrital ha expedido 12 decretos declarando las condiciones de urgencia con el fin de hacer efectiva la expropiación por vía administrativa.
Para los autores del proyecto, cada uno de los actos administrativos expedidos por el Alcalde, señalan que en la mayoría no están claramente expresas las condiciones de urgencia que llevaron a tomar la medida, lo que ha generado inconformidad por parte de la comunidad afectada con la declaratoria. “No hay claridad sobre los diseños y cronogramas de las obras a realizar antes de la declaratoria”.
Entre los ejemplos dados está el Decreto 317 de 2007 que declara la adquisición de predios para la ejecución de obras para el desarrollo de la fase III de Transmilenio, precisamente en el deprimido frente al Concejo de Bogotá en la calle 34 cuando se encuentra con la Troncal calle 26, pero de acuerdo al Informe de seguimiento de la Unión Temporal AyM 2008, en un 1 por ciento ha avanzado la ejecución de las obras.
El informe aclara que existe un desvió de gran importancia, línea El Silencio-Casablanca (48”) a la altura del Concejo de Bogotá, cuyo diseño aún no ha sido definido ni autorizado por la autoridad de Planeación competente. Esto, sumado a la falta de diseños de alcantarillado, impide que pueda seguir adelante la construcción del deprimido frente al Concejo de Bogotá, y por eso la obra se encuentra paralizada.
“Proponemos que la Administración Distrital, al momento de hacer la declaratoria, cuente con los estudios técnicos, jurídicos, económicos y sociales necesarios, en caso de presentarse.
En el artículo dos se establece que la administración Distrital deberá contar con los estudios técnicos, jurídicos, económicos y sociales necesarios para la correspondiente declaratoria, en caso de presentarse las siguientes condiciones de urgencia:
• El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento expropiatorio.
• Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
• La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el caso.