La orden de la Corte Constitucional había sido dada por el Consejo de Estado desde Mayo de 2011.
“Gran satisfacción ha causado la orden impartida recientemente por la Corte Constitucional para que en el término de 2 años el Distrito garantice la accesibilidad a la población con discapacidad en la totalidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, sin embargo no podemos olvidar que desde Mayo de 2011 el Consejo de Estado, al fallar una Acción Popular, había emitido una orden similar, sin que hasta la fecha, casi 4 años después, tal decisión haya sido acatada completamente por las autoridades competentes”, señaló el concejal Jairo Cardozo Salazar, del Partido Político MIRA.
En efecto, con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso, el 26 de Mayo de 2011 el Consejo de Estado señaló que desde el año 2008 todos los buses alimentadores de Transmilenio debían ser accesibles para la población discapacitada; y de manera tajante advirtió a las entidades responsables del tema, que debían cumplir en estricto rigor lo establecido en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto 1660 de 2003, normas estas que ordenan la accesibilidad del cien por ciento (100%) de los vehículos que ingresen al servicio”, dijo el Concejal.
“Desde 2012, en reiteradas oportunidades y distintas instancias, denunciamos que Transmilenio no había dado cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado y que se hacía necesario acelerar el proceso de incorporación de vehículos con la tipología de accesibilidad exigida por la normatividad vigente, sin encontrar eco en nuestro requerimiento. Resulta preocupante que las instancias responsables del desarrollo de cometidos estatales tan sensibles como la garantía de los derechos de los más vulnerables, tengan que esperar a que se les conmine judicialmente, y bajo apremios, como los que se desprenden en caso de desacato de una orden de tutela, para que cumplan cabalmente las normas que juraron cumplir”, concluyó el cabildante.