Teniendo en cuenta que el fenómeno de desplazamiento forzado que es de los que mas altamente ha impactado en la sociedad colombiana y particularmente al Departamento del Putumayo donde de acuerdo a información proveniente del Departamento para la Prosperidad Social y el DANE, la cifra ha alcanzado las 80.973 persons representando un 33.4 % de la población total, se hace imperioso establecer políticas de protección dirigidas a este sector para evitar su revictimización.
No otra cosa es lo que las Juntas Administradoras Locales de Puerto Asís en cabeza del Edil Darienzo Álvarez Paz han venido promoviendo a través de la elevación de derechos de petición con el fin de que aquellos jóvenes que aun no han definido su situación militar y tengan la condición de victimas de desplazamiento forzado sean eximidos de este servicio puesto que la Ley 1448 de 2011 establece que se les debe garantizar la atención integral si han decidido voluntariamente reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables donde puedan gozar efectivamente de sus derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento.
En este sentido y a través de las peticiones se ha solicitado al Ejercito Nacional, representado en los batallones que han reclutado jóvenes desplazados que procedan a desacuartelarlos conforme a los lineamientos jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha sentado en diferentes sentencias de tutela en los últimos años, teniendo en cuenta que la vida, la integridad física, la seguridad y libertad personal de los jóvenes desplazados pueden ser vulneradas con ocasión de las infracciones al derecho internacional humanitario que se presentan en medio del conflicto armado con fuerzas armadas irregulares a las que tendrían que enfrentar esta vez, ya no como ciudadanos, sino como objetivos militares, es decir, con mayor grado de amenaza para ellos y para sus familias.
Esta gestión tiene una dimensión relacionada con la equidad de genero, teniendo en cuenta que se protege a la mujer desplazada para evitar la desintegración de su familia, pues ya muchas de ellas han perdido la vida de su pareja o hijos, y con el servicio militar obligatorio se les aboca a sufrir la incertidumbre por la suerte de los familiares hombres que integran su núcleo familiar.