Por: Yimer Eduardo Botero
El desplazamiento forzado es un fenómeno social que sufre nuestro país y nuestra región desde hace décadas, producto y consecuencia directa del conflicto armado, y otras situaciones sociales que confirman la existencia de la violación de los derechos humanos a los ciudadanos y al campesinado por parte de diferentes actores.
Caquetá ha sido conocida a nivel nacional como “Tierra de Desplazados”, donde a demás de ser receptores de desplazados, somos expulsores de nuestro coterráneos. Según estadísticas de DPS a Febrero de 2012 en el Caquetá se han expulsados de su lugar de residencia, 45.795 hogares, que comprenden aproximadamente 191.849 personas. Siendo los municipios de mayor expulsión San Vicente del Caguán con 27.871 personas, seguido de Cartagena del Chairá con 25.117 personas y Florencia con 22.327 personas. Igualmente se registra la población recepcionada en el departamento de Caquetá de 26.588 hogares que comprende a 116.288 personas, siendo los municipios de mayor recepción Florencia con 72.594 personas, Cartagena del Chairá con 5.979 personas, y El Paujil con 5.369 personas.
Dicho fenómeno, demuestra que el conflicto aún sigue latente en nuestro territorio, lo que agudiza aún más los problemas económicos y sociales en los Municipios, pues ingresan más personas sin empleo, sin vivienda y sin las garantías mínimas para subsistir. Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional de suministrar ayudas humanitarias a este grupo poblacional, se tiene que el número de desplazados cada día sigue en aumento.
Las políticas meramente asistencialistas no solucionan esta problemática; por tanto es necesario establecer programas de formación para el trabajo y el apoyo de proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad de estas personas, política pública que debe estar acompañada de un buen proceso de negociación de paz.