Carlos Alberto Baena
Senador de la República
En los últimos días los caqueteños tuvieron noticia de la exigencia de la comunidad de Los Pozos a la Compañía Emerald, para lograr la pavimentación de una vía en el casco urbano de esa inspección y la construcción de un alcantarillado. El requerimiento hecho por líderes de San Vicente del Caguán fue escuchado por la empresa que obtiene petróleo en esa región del Departamento, según lo registran los medios locales. En el fondo de esta situación está el debate acerca de a dónde deben ir los beneficios de la extracción de la riqueza del suelo: ¿A la utilidad empresarial o a la prosperidad social?.
La exigencia que hacen los habitantes del norte del Caquetá no es muy distinta de la que hacen los quindianos y tolimenses en relación con la explotación de la mina La Colosa, o la que hacen miles de antioqueños y chocoanos por la extracción de oro. En esas y muchas más zonas de nuestro territorio, los líderes sociales usan distintos mecanismos para ser escuchados por las empresas que con la autorización del gobierno nacional exploran o explotan.
Desprevenidamente se podría pensar que basta la decisión de los gobiernos para que sea aceptada la explotación, pero en medio de las decisiones de las autoridades y de los intereses legales de las empresas, permanecen los derechos de las comunidades que viven en los lugares afectados directa o indirectamente por el aprovechamiento de los recursos.
Las dos salidas adoptadas hasta ahora para armonizar la utilidad empresarial con la prosperidad social, son las regalías y la responsabilidad social. Del nuevo sistema de regalías empezarán a invertirse recursos este año, y el Caquetá, por ejemplo, recibirá más de cuarenta mil millones para financiar proyectos orientados a masificar el gas domiciliario, ampliar la cobertura en educación superior, construir alcantarillados y viviendas, criar arawanas, mejorar vías y fortalecer las organizaciones indígenas, entre otros fines. De la responsabilidad social dio un ejemplo Emerald al atender la solicitud de los líderes de Los Pozos, sin que sea una exigencia de ley.
Más allá de la compensación que hacen las regalías, pues son apenas una mínima parte de la retribución que reciben las empresas por los minerales, y del compromiso derivado de la responsabilidad social, permanece un deber del Estado y los extractores con la prosperidad integral de las comunidades que viven en las zonas intervenidas. Basta recordar el caso de Barrancabermeja para comprobar la necesidad de que la explotación deje más que regalías y algunas cuantas obras sociales. Hay que evitar que la explotación arrase o contamine, dejando como sucede en esa zona de Santander, un aire no respirable, aguas no consumibles y una salud pública deteriorada.
La insuficiencia del sistema de regalías y de la responsabilidad social para compensar los daños hechos al ambiente y a las comunidades, nos llevó a exigir en el Congreso más de lo que prevé el sistema actual de regalías, para obtener no solo saldos de utilidad empresarial, y para que la explotación de recursos le deje a Colombia y al Caquetá prosperidad social.