El sábado 24 de mayo, el Partido Político MIRA, participo a solicitud de los lideres y la comunidad del corregimiento de Bonda en el consejo comunal, dejando claro la imperiosa necesidad de establecer programas integrales para el manejo del recurso hídrico, sin desconocer el derecho constitucional y social que le asiste a las comunidades, para organizar, desarrollar y fortalecer los acueductos comunitarios que tanto beneficio traen a sus veredas y corregimientos.
El AGUA es motivo de grandes disputas en nuestro tiempo. Los pueblos se mantienen disgustados con las políticas mundiales de privatización, sobre todo porque el agua hace parte del derecho fundamental a la vida y a vivirla con dignidad. En nuestro planeta da la apariencia de ser un líquido abundante, pero cuando nos adentramos a temas específicos como, cuánta cantidad de agua dulce existe y cuánta accesible a las comunidades, el tema se va convirtiendo en algo muy difícil.
Es tan importante el agua para la subsistencia del ser humano que los mercantilistas han dispuesto apoderarse del mercado, lo que han venido consiguiendo de manera muy rápida, sobre todo en nuestro país. Ante estas situaciones, ha quedado establecido en el Foro Mundial del Agua, celebrado en México que “el agua le pertenece a la tierra y a las generaciones futuras, y debe quedar consignado en la Constitución Política, como un derecho humano que no puede ser usado para ganancias por lo cual es imposible que se niegue su acceso”.
El agua, según expresiones del vicepresidente del Banco Mundial Ismail Serageldin será el motivo de las guerras en el Siglo XXI. Hoy solo percibimos la disputa entre el Monstruo del Capitalismo que lucha por apoderarse de su mercado y un pueblo amenazado que afirma no permitir su privatización. Si hablamos de guerras del agua en América latina tenemos que remitirnos a Cochabamba en la república de Bolivia, quien se enfrentó a la poderosa multinacional Bechtel y la expulsó de su territorio. Y por el otro lado, Uruguay quien alcanzó el triunfo de que se convirtiera el agua en un bien de uso público, quedando así establecido en la Constitución.
Al revisar nuestra Constitución Política, encontramos con mucha claridad que el artículo 365 dispone que los Servicios Públicos Domiciliarios son INHERENTES a la Finalidad Social del Estado, lo que nos lleva a concluir con certeza que el Estado está obligado a velar por que los administrados gocen del acceso a los servicios públicos, sobre todo al Agua apta para el consumo humano. De no hacerlo incumpliría su fin, y por lo tanto carecería de fundamento su existencia. Ahora, queda claro que su responsabilidad señalada en la constitución es indelegable, y ninguna situación le permitirá excluirse de tal responsabilidad, así la operen los particulares, como quedó permitido en el inciso segundo de este artículo.
Pero los operadores particulares no siempre tienen que ser los grandes poderes económicos, pues las comunidades organizadas también están facultadas para ejercer la operación del servicio, lo que se conoce con el nombre de “ACUEDUCTOS COMUNITARIOS”. Los Acueductos Comunitarios son instituciones populares diversas integrantes del patrimonio público nacional por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto público -el agua como bien común y derecho fundamental-. Estos operadores nacidos del sentimiento y responsabilidad de la comunidad carecen de apoyo, y son el número mayor de operadores de las pequeñas poblaciones.
El gobierno tiene el deber constitucional y legal de respaldarlas económicamente, y seguramente con mayor énfasis que a los operadores de las grandes ciudades, en donde el presupuesto nacional, distrital y municipal pone todo su esfuerzo. En el país encontramos muchos de estos acueductos, por ejemplo en el Atlántico hay 9 de estos acueductos, en el Magdalena 8, Sucre cuenta con 4, Cesar con 5, Cundinamarca con 21, Nariño con 13, Tolima con 12, entre otros, en su gran mayoría desprotegidos por el Gobierno Nacional. EL GOBIERNO ESTA OBLIGADO A INVERTIR EN ELLOS