“Las muertes violentas en accidente de tránsito representan el 21% de las muertes que ocurren en nuestro país”.
Mientras se debate sobre sí habrá o no reelección, y todos los análisis y preocupaciones giran en torno a este tema, se van olvidando los problemas estructurales que afronta Colombia.
Uno de ellos tiene que ver con el conflicto vial que padece el país desde hace varios años. Según la Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial, la accidentalidad vial es la primera causa de muerte de las personas menores de 40 años a escala mundial, y Colombia no es ajena a estas estadísticas.
En nuestro país, están muriendo en promedio 5500 personas y 37.000 quedan lesionadas anualmente en accidente de tránsito, lo que ha sido catalogada como una verdadera epidemia.
“Esta epidemia tiene varias consecuencias: La primera, no ha existido, históricamente, voluntad política por parte de nuestros gobernantes; la segunda, hace referencia a la ausencia de educación y cultura ciudadana por parte de los actores en la vía; la tercera, hace referencia al rezago en la infraestructura vial; la cuarta, al control y ejercicio de autoridad frente a las infracciones; y la quinta, a que nuestro Código de Tránsito es la sumatoria de negocios individuales y no un estatuto que posibilite la movilidad” puntualizó Virgüez.
A todo este panorama de conflicto vial se suma el que se viene protagonizando entre los mototaxistas y los gremios del transporte público organizado. En Popayán se enfrentan, en una batalla campal, los conductores de las busetas y los mototaxistas; en Buga se agraden de la misma forma y es necesario la intervención de la policía, la ciudad permanece paralizada por varias horas; en Barrancabermeja, se enfrentan los taxistas y los mototaxistas donde se presentan varios heridos y violentas manifestaciones. Lo mismo sucede con las ciudades de la Costa Caribe, donde incluso, hay varios movimientos sociales, principalmente mototaxistas, recogiendo firmas para revocar el mandato de los alcaldes, como sucede en Barranquilla.
“Frente a esto ¿qué ha hecho el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte?; la verdad muy poco. Creo que no reconocen este problema como un conflicto vial y de salud pública. El Ministerio ha delegado en las autoridades territoriales la facultad de restringir el tránsito, principalmente de las motocicletas y no ha asumido la responsabilidad”. Según el Senador Virgüez.
Llegó la hora de asumir con criterio este problema que genera un conflicto vial y de salud pública. Es necesario implementar políticas públicas estatales serias, y no meros decretos restrictivos de los derechos fundamentales.
Finalmente agregó Virgüez: “Colombia no puede seguir inmersa únicamente en el debate de la reelección, mientras la gente se muere en las vías, o los gremios del transporte se enfrentan violentamente en las calles de nuestras ciudades; cada uno defendiendo sus derechos”.