Por : Carlos Alberto Baena López – Columnista Diario del Huila 
Uno de los mayores dilemas del desarrollo regional es cómo lograr el crecimiento económico sin atentar contra lo ambiental. Una región puede llegar a ser próspera en minería o en infraestructura energética, pero si sus ríos están contaminados, sus páramos desolados y sus tierras fértiles inundadas, no tiene un futuro promisorio. Eso le puede pasar al Huila si al buscar el desarrollo energético con la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, corre el alto precio de inundar más de 5 mil hectáreas de tierras fértiles. Esta problemática se puede ver en otras regiones del país. Por ejemplo, el proyecto energético Urrá I causó represamiento y fragmentación del cauce del río Sinú, y junto a Urrá II, afectó a la población campesina por la eliminación de sus economías agrarias de subsistencia. En igual sentido, la hidroeléctrica de Sogamoso generó reasentamientos poblacionales, alteró el microclima e impactó en las tierras agrícolas y ganaderas.
Aunque el Huila cuenta con cinco parques naturales nacionales, la destrucción de los frailejones, los incendios y otros factores perjudiciales al ambiente, hacen ver un país indolente a sus riquezas naturales. Es decir, próspero en la explotación minera y de hidrocarburos, en desarrollo energético, pero muy pobre en la preservación ambiental. Lo peor es que esta riqueza no se recupera, no vuelve.
Las pérdidas son cuantiosas: disminución en un 30% de las especies terrestres y marinas y de agua dulce, pérdida de glaciares y alteración de los páramos, blanqueamiento de los arrecifes de coral, entre otras. Si seguimos por esta senda, cerca del 50% del territorio nacional se vería afectado por cambios en el régimen hídrico, 8% del país sufriría procesos de desertificación, mientras que el 95% de los nevados y el 75% de los páramos colombianos desaparecerían afectándose el ciclo hidrológico, la fauna y flora, según lo señala el IDEAM.
El acumulado de daños ambientales del país tienen un costo mayor de lo que vale sostener una guerra, según afirma la Organización Mundial de Conservación (WWF). El Ministerio de Ambiente afirma que la degradación ambiental representa 7 billones de pesos anuales al fisco nacional. Esa suma global es la que al final de cuentas le resulta anualmente al Gobierno, pero a la fecha no dispone de un sistema de información estadístico con indicadores valorativos, de verificación y seguimiento, con criterios sociales, culturales y económicos, que le permitan hacer una cuantificación del impacto de las obras de infraestructura pública y privada, sobre los recursos naturales. El desarrollo es bienvenido, pero no a cualquier precio, y menos sacrificando la agricultura de alimentos.
En la mayoría de los casos los daños ambientales son invaluables y es difuso determinar la responsabilidad de los que causan el perjuicio. Por eso, conviene que el País analice la posibilidad de crear un sistema de cuantificación y de responsabilidad de daños ambientales.