El país está viviendo los efectos de una ola invernal que apenas comienza. Según reporte del 11 de octubre de la organización meteorológica mundial, con sede en Ginebra, Suiza, el episodio de la niña pasará de intensidad moderada a fuerte y se prolongará hasta marzo de 2011. 
Ya igualamos las cifras del año 2007 cuando se dio el mismo fenómeno de la niña. Este año y apenas comenzando tenemos 97 muertos, 167 heridos, 156.000 viviendas averiadas, cifras similares a las registradas al final del invierno en el 2007. Lo preocupante es que para ese año el Gobierno Nacional invirtió en el Fondo Nacional de Calamidades $70.451 millones, mientras que para este año ya agotó su presupuesto de $37.000 millones.
Está en trámite una adición por $27.000 millones que en caso de ser aprobada definitivamente sería insuficiente para lo que resta del año y para la recuperación económica de las familias afectadas que es lo más costoso. Por ejemplo, en el año 2008 hubo necesidad de incrementar el presupuesto anual a $72.037 millones de pesos, lo que demuestra que las ayudas no se agotan en menajes y alimentos, sino que es menester invertir en subsidios de vivienda, en el apoyo económico a los afectados en sus cosechas, en créditos baratos a través del Banco Agrario, en la recuperación de los damnificados que ya ascienden a un millón de personas, repartidas en todas las regiones del país.
Por estas razones le hemos propuesto al Gobierno Nacional que para contar con los recursos necesarios para afrontar esta crisis de carácter humanitario se decrete la emergencia social por calamidad pública. Este es el único mecanismo legal que le va a dar margen de acción al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres para obtener los traslados presupuestales desde las diferentes Entidades Públicas y obtener fuentes de financiación. Se necesita una acción conjunta y coordinada con los diferentes Ministerios y Entidades Públicas.
Es inaceptable que todas las cargas y responsabilidades hoy reposen en una Oficina que depende del Viceministerio del Interior, que es la Dirección de Gestión del Riesgo, cuya directora, la Doctora Luz Amanda Pulido ha hecho grandes esfuerzos, pero sin el respaldo institucional que se requiere para coordinar todo un sistema. Hemos propuesto que se cree la Agencia Nacional del Riesgo como entidad coordinadora del sistema y dependiente de la Presidencia de la República.
Colombia debe impulsar más la Gestión del Riesgo. Nos hemos dedicado a invertir más del 70 por ciento de nuestro presupuesto en atención de desastres y tan sólo 4 por ciento en prevención o Gestión del riesgo. A pesar de que según el índice de desastre natural del 2010, Colombia es el único país del continente americano que está en nivel de riesgo extremo y aparece en el ranking mundial en el puesto décimo después de Haití y las Filipinas.
Es hora de que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo quede una línea gruesa para impulsar la prevención o la Gestión del riesgo en Colombia por parte de las Entidades Nacionales y Territoriales.