Pidió que se modifique el tema de la sobretasa ambiental y de los rangos de los propietarios rurales.
Con la celebración del Cabildo Abierto convocado por la veeduría ciudadana para hacerle frente al descarado aumento de los avalúos producto del convenio de actualización catastral con el IGAC y que tan cuestionado ha sido por sus vicios de procedimiento; se pudo evidenciar al interior de la plenaria del Concejo, que no existe panorama ni ninguna voluntad política para solicitar el aplazamiento de los avalúos actualizados, o por lo menos, el de los que aumentaron en más de un 30% con la actualización, tal cual lo establece el artículo 10 de la Ley 14 de 1983.
Por lo anterior, el Partido Político MIRA asumió la postura de proponerle a la Administración municipal y antes de que el concejo se pronuncie de fondo sobre los resultados de este mecanismo de participación, que se le de aplicación a los artículos 73 y 77 de la Ley 75 de 1986, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones” según los cuales, por especiales condiciones sociales y económicas del municipio, mediante acuerdo que tenga su iniciativa en el despacho de la Alcaldesa se puede fijar como base para cobrar el impuesto predial, el avalúo “fiscal” y no “catastral”. Este avalúo, es el equivalente al 60% del avalúo catastral que se haya hecho respetando los cinco años para la formación o actualización, sin que por ello el presupuesto sufra mayor lesión pues no hay que olvidar el aumento progresivo anual con base al IPC.
Adicionalmente, debe replantearse el esquema de la sobretasa ambiental que se financia con el recaudo de predial y que se destina a CORPOCALDAS, ya que el estatuto tributario del municipio determina que para cumplir con este fin se puede destinar el 1.5 por mil sobre cada avalúo de predio que tribute tal y como opera actualmente, que nos da entre urbanos y rurales aproximadamente 686 millones; o el 15% sobre el total recaudado por los predios urbanos, rurales e industriales, que según la proyección de la Tesorería municipal, quedaría en 561 millones. Luego el ahorro para el municipio si se implementara el sistema del porcentaje, sería de 126 millones que podrían destinarse a libre inversión.
Finalmente, la situación del campo donde más de tres rangos fueron fijados a una mayor tarifa en comparación la zona urbana, lo cual no es justo tributariamente.
“Nos parece que la entidad ambiental, debe asumir su responsabilidad con chinchinà tal y como lo establecen las normas, y al mismo tiempo cuidar el bolsillo del contribuyente”. Expresó el concejal Jhon James Marín.