“Ante la pasividad de la administración Distrital serán los jueces los que defiendan los derechos de los ciudadanos.” Ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca demandó el Concejal de Bogotá Carlos Baena, del Partido Político MIRA, el texto de la memoria técnica que fue la base para liquidar y asignar el cobro de la Valorización por beneficio local en la capital del país.
“Le solicité de todas las maneras a los Alcaldes Garzón y Moreno que realizaran una revisión técnica y social del tema, pero las dos administraciones hicieron caso omiso de las reclamaciones defendiendo más los intereses políticos que los intereses de los ciudadanos”, argumentó el Concejal Baena.
– En primera instancia los ciudadanos debieron haber sido notificados sobre el cobro y posteriormente el IDU iniciar el proceso de facturación a los dos meses; pero notificaron y pasaron las cuentas de cobro al mismo tiempo. No tuvieron en cuenta normas especiales como el Estatuto de Valorización.
– No cumplieron una labor de orientación con los ciudadanos como lo ordena la ley sino que por el contrario se encargaron de desinformarlos y confundirlos para evitar que radicaran los Recursos de Reconsideración solicitando la revisión de las facturas y congelando los pagos.
– Los intereses de financiación que el Instituto de Desarrollo Urbano les cobra a los Bogotanos a través de las facturas superan el interés bancario corriente y están muy cerca del interés de usura. No se tuvo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos.
– Cuando la administración Garzón inicia el cobro desconoce el descuento del 10 % por pronto pago, cuando se presenta la crisis tratan de corregir los errores y amplían el plazo para obtener el descuento del 15 % hasta el 28 de enero, pero eliminando el descuento del 5 por ciento; posteriormente el Alcalde Samuel Moreno da otros pañitos de agua tibia retomando el descuento del 5 por ciento para los ciudadanos que cancelen el tributo hasta el 29 de febrero. Esto no lo podían hacer porque los descuentos ya estaban establecidos en la memoria técnica y eran del 15,10 y 5 % respectivamente.
– Que garantía se les puede brindar a los ciudadanos cuando en la investigación que estamos adelantando encontramos que varias personas que participaron en el fallido proceso de actualización catastral fueron contratados por el IDU a través de contratos de prestación de servicios para adelantar el proceso de liquidación de la Contribución de Valorización por Beneficio Local. Este personal no ofrecía garantías y no cumplía con la idoneidad técnica y profesional exigida en los pliegos de condiciones, poniendo en riesgo la calidad de los trabajos realizados.
– El IDU cambió los aportes que harían los sectores residencial, comercial e industrial, desconociendo lo aprobado por el Concejo en el Acuerdo 180 del 2.005 .Son cifras diferentes que modifican los valores a recaudar y que al final perjudican a los estratos más bajos.
“Me quedé esperando que el Buen Amigo y el Buen Vecino corrigiera los errores de la administración Garzón. Es de lo mismo y con los mismos”, puntualizó Baena.